Presentada por el legislador Matías Lapadula, esta iniciativa surgió en un contexto donde el senderismo creció de forma sostenida en los últimos años, generando impacto tanto ambiental como en la seguridad de los visitantes, especialmente en circuitos de alta demanda.

El proyecto se basó en los lineamientos de la Ley Nacional de Senderismo y Trekking y planteó una distinción clave: separar el senderismo recreativo y deportivo de aquellas actividades con fines turísticos o comerciales, abriendo el debate sobre cómo ordenar cada modalidad.

En ese sentido, la propuesta no contempló el cobro por el uso de senderos, pero sí habilitó a la autoridad de aplicación a concesionar ciertos circuitos. El eje central pasó por regular la actividad sin restringir el acceso, pero incorporando herramientas de gestión y control.

Uno de los puntos críticos señalados fue el caso de Laguna Esmeralda, donde la alta concentración de visitantes genera riesgos ambientales y también de seguridad vial en sectores cercanos a la ruta nacional.

Lapadula advirtió que cuando la actividad alcanza niveles elevados de concurrencia, resulta necesario implementar medidas preventivas para proteger tanto a las personas como al entorno natural, en línea con estándares internacionales de turismo sostenible.

El proyecto abrió así un debate estratégico en la provincia: cómo acompañar el crecimiento del turismo de naturaleza sin comprometer los recursos ni la seguridad, en uno de los destinos más sensibles y demandados del país.

De avanzar en la Legislatura, la iniciativa permitirá establecer reglas claras para una actividad en expansión. El senderismo dejaría de ser una práctica desregulada para convertirse en un producto turístico ordenado, seguro y sostenible.